La Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra el coronel retirado Wilson Humberto Velandia Serrano, investigado por crímenes cometidos contra dos hermanas en Granada, Antioquia.
El exoficial deberá responder por hechos ocurridos entre el 21 y el 22 de febrero de 2003. La investigación sostiene que, años después de los ataques, también habría ordenado exhumar los cuerpos para impedir que fueran hallados.
El caso se refiere al secuestro, las agresiones sexuales, la tortura, el homicidio y la desaparición forzada de dos jóvenes de 17 y 19 años. Según la Fiscalía, las víctimas fueron retenidas por integrantes del Frente Batallas del Santuario, perteneciente al Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La medida fue dictada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, bajo las reglas procesales de la Ley 600 de 2000.
La captura se concretó en Medellín durante un operativo de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional.
Las jóvenes fueron llevadas desde la plaza hacia una vivienda
La investigación indica que los paramilitares retuvieron a las dos hermanas en la plaza principal de Granada y luego las trasladaron a una casa del municipio. En ese período, Velandia Serrano era teniente del Batallón de Artillería N° 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.
El expediente señala que el entonces militar habría llegado al lugar para agredir sexualmente a la menor de edad. La otra joven, de acuerdo con el material recopilado, ya era sometida a vejámenes por parte de otros hombres.
La Fiscalía sostiene que el oficial se habría sumado después a las agresiones contra la segunda víctima. Las jóvenes fueron golpeadas y amenazadas luego de ser señaladas de mantener supuestos nexos con otro grupo ilegal, según las pruebas recopiladas en el caso.
El ente investigador sostiene que Velandia Serrano habría ordenado a la estructura paramilitar asesinar a las hermanas y sepultarlas en un cerro.
Años después, el coronel en retiro también habría dispuesto la exhumación de los cuerpos. La hipótesis de la investigación es que esa acción buscaba impedir que los restos fueran localizados.
La fiscal encargada del caso pertenece a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Fue esa dependencia la que ordenó la captura del oficial retirado.
Unidades de la Sijin de la Policía Nacional hicieron efectiva la orden en Medellín, Antioquia.
Policía Nacional destituyó a 1.751 uniformados por hechos de corrupción entre 2022 y 2026: en promedio un funcionario fue retirado cada día
La revisión disciplinaria incluyó a integrantes de todos los rangos, desde patrulleros hasta oficiales. El registro muestra un promedio cercano a una destitución diaria durante el período analizado.
Del total de casos, 1.186 correspondieron a patrulleros, una proporción cercana a dos de cada tres uniformados apartados. Otros 79 pertenecían al cuerpo de oficiales.
La información conocida permite establecer que las decisiones disciplinarias no se concentraron en un único nivel de la institución. La mayor parte recayó sobre el personal de menor rango, aunque también alcanzó a mandos de la estructura policial.
El año con más destituciones fue 2025, cuando la institución contabilizó 477 decisiones. El aumento más marcado se había producido antes, entre 2022 y 2023, cuando el número pasó de 168 a 456 casos.
Hasta el 8 de octubre de 2026, la cifra acumulada para ese año era de 329 integrantes de la Policía Nacional apartados por conductas vinculadas con corrupción.
El desglose de los oficiales apartados incluye un coronel, cuatro tenientes coroneles, 18 mayores, 18 capitanes, 22 tenientes y 16 subtenientes.
Los datos reflejan que los procesos disciplinarios por corrupción alcanzaron tanto a patrulleros como a integrantes de la escala de mando.