Viviane Morales parece tener todo listo para volver al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Su hoja de vida fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia de la República, lo que se considera el paso previo para su nombramiento y posesión oficial. La exfiscal será consejera comisionada de Paz y su misión en ese cargo está definida.
El documento fue publicado en el mencionado portal este 26 de octubre en la noche y define el cargo de consejera ante el Departamento Administrativo de la Presidencia.
Desde la semana pasada, cuando la Casa de Nariño hizo el anuncio de su nombramiento, se anunció que su tarea en el cargo será desmontar la política de “paz total” que dejó el expresidente Gustavo Petro y con la que intentó la vía de la negociación para desarticular a los grupos armados e ilegales, pero que dejó como resultado cero acuerdos de paz firmados.
Así mismo, tendrá la tarea de liderar una evaluación de la implementación de lo pactado en el Acuerdo de Paz con las Farc y otros grupos criminales y de las políticas relacionadas con ese proceso. Y estará encargada de la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.
Morales ha sido congresista (cuando era militante del Partido Liberal), fiscal general de la Nación (cargo en el que duró dos meses porque su elección fue anulada por el Consejo de Estado), embajadora de Colombia en Francia de Iván Duque y fue ministra de Educación al inicio del actual Gobierno.
La Casa de Nariño aseguró que la funcionaria tendrá la tarea de revisar los resultados de lo que el Gobierno denomina la “falsa paz”, así como desmontar estructuras burocráticas que considere innecesarias y evitar que el discurso de paz sea utilizado, según su planteamiento, para favorecer la impunidad o mantener privilegios políticos.
El Gobierno de De La Espriella sostuvo que la revisión se adelantará en el marco de la Constitución y la ley, e incluirá el análisis de las políticas vigentes y la promoción de las reformas que el Gobierno considere necesarias. El comunicado, sin embargo, no detalló cuáles serán las primeras medidas, qué aspectos específicos del acuerdo serán examinados ni en qué plazos se presentarán los resultados.
“La paz no puede limitarse a discursos ni a concesiones que favorezcan a los criminales mientras las víctimas siguen esperando justicia y los colombianos exigen seguridad”, señaló la Presidencia en su pronunciamiento.
En ese sentido, el Ejecutivo insistió en que su política de paz —contraria a la del expresidente Petro— estará orientada al cumplimiento de la ley, la seguridad y la reparación efectiva de las víctimas. Con la designación de Morales, el Gobierno prometió una revisión institucional del proceso, aunque todavía está por conocerse el alcance concreto de los cambios que pretende impulsar y cómo se articularán con las obligaciones estatales derivadas del Acuerdo de Paz.
El presidente Abelardo de la Espriella puso punto final a los procesos de negociación (12 en total) abiertos durante la Administración anterior en la llamada “paz total”.
La decisión llegó después de cuatro años de una política que convirtió el diálogo con guerrillas, disidencias y organizaciones criminales en una apuesta del anterior Gobierno y que implicó delegados, negociadores, viajes, esquemas de seguridad y logística financiada con recursos públicos.
El balance financiero permite dimensionar el tamaño de esa criticada apuesta: $125.174 millones fueron ejecutados entre agosto de 2022 y junio de 2026 para sostener las distintas mesas y acercamientos de paz, según cifras del Ministerio de Hacienda.