El Ministerio de Igualdad y Equidad en liquidación radicó formalmente una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Juliana Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero, por su presunta participación irregular en las sesiones del Consejo Directivo de FonIgualdad.
Así lo anunció el liquidador designado por el presidente De la Espriella para esa entidad, John Milton Rodríguez, quien afirmó que al parecer las hermanas habrían ejercido un presunto “poder de facto” e influido directamente en las decisiones oficiales frente a ministros y viceministros de Estado en el fondo financiero encargado de administrar los recursos destinados a los programas de esa cartera estatal.
Rodríguez sostuvo que ni Juliana ni Verónica Guerrero contaban con la competencia legal o la atribución institucional para intervenir en las decisiones directivas de FonIgualdad. Pese a ello, una de las hermanas habría asistido a las reuniones alegando representar al Ministro del Interior, desempeñando un rol activo que no le correspondía dentro del esquema de gobierno del fondo financiero.
Según la denuncia, en esas sesiones las hermanas habrían adoptado conductas inapropiadas al emitir órdenes, fijar directrices, tomar decisiones e inclusive cerrar reuniones del Consejo Directivo. Rodríguez criticó duramente la presencia de Juliana Guerrero en los espacios directivos de la entidad, señalando que ingresó y permaneció en la estructura del Ministerio sin contar con un nombramiento ni justificación legal, amparándose en su gestión o en su aspiración de ser nombrada futura viceministra.
El liquidador de ese Ministerio enfatizó que el gobierno de De la Espriella continuará denunciando posibles delitos contra la administración pública y el patrimonio nacional.
Las denuncias sobre FonIgualdad forman parte de las revisiones administrativas y penales impulsadas en el marco del proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad. Las autoridades de la entidad reiteraron que pondrán en conocimiento de la justicia todos los elementos necesarios para esclarecer por qué personas sin competencia institucional lograron influir en la toma de decisiones financieras y directivas.
Ahora a Juliana Guerrero se le sumaría otro enredo penal, esto tras lo ocurrido el 9 de septiembre, donde la joven de 24 años compareció ante un juez de la República por el escándalo de los títulos falsos acreditados de la Fundación San José, con los cuales pretendía demostrar requisitos para asumir el Viceministerio de las Juventudes.
En esa ocasión, Guerrero admitió su responsabilidad en el delito de fraude procesal, por lo que, tras suscribir un acuerdo con la Fiscalía, fue condenada a tres años de prisión, a la espera de que un juez avale dicho acuerdo para definir si la pena se cumplirá en establecimiento carcelario o bajo suspensión anticipada.
Fuente: El Colombiano