La Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Suprema y la Comisión de Acusación ya tienen en sus manos las denuncias según las cuales, durante el gobierno de Gustavo, se habrían entregado contratos a mujeres a cambio de favores sexuales. El punto, más allá de la vida intima del expresidente, busca establecer si se usaron el poder del cargo y los recursos públicos para pagar esos supuestos favores.
La Fiscalía abrió una indagación y llamará a declarar a las exdirectoras del Dapre, Angie Rodriguez y Laura Sarabia, pues ambas fueron mano derecha del exmandatario.
Esa indagación se abrió inicialmente por el presunto delito de abuso de función pública. Parte de dos denuncias: el testimonio de Jiménez y los relatos que ha sostenido Angie Rodríguez sobre posibles abusos de poder relacionados con la contratación de mujeres a cambio de presuntos beneficios.
El ente acusador también citará a otros funcionarios y ex funcionarios del Dapre, y ordenó actividades de policía judicial para recaudar pruebas. Dentro de ese proceso, el vicefiscal Gilberto Javier Guerrero informó que citarán como testigo a la propia Jiménez para que amplíe su denuncia.
”Ello ocurre con personas que hacen manifestaciones públicas donde ellas incluso están incriminándose a sí mismas (sic). En ese caso no debemos llamarlos a entrevistas juradas, sino que tenemos que llamarlas, porque tienen derecho a guardar silencio, a un interrogatorio de indiciado, que es una cosa distinta. Así ocurrió la semana pasada con Angie Rodriguez. Ella, en algunos elementos de su intervención, podría considerarse que de alguna manera podría ser calificada como indiciada”, explicó Guerrero.
En paralelo, la Procuraduría abrió una indagación disciplinaria preliminar por las mismas denuncias. Y en la Corte Suprema de Justicia quedó radicada una denuncia penal contra Petro y contra la exsenadora María José Pizarro.
En su testimonio, Jiménez señala a Pizarro como una de las personas que sabían que ella llegaba a los cargos recomendada por Petro. Uno de los siete contratos que firmó con el Congreso tuvo como objeto apoyar la gestión de la primera vicepresidencia del Senado, a finales de 2023, cuando ese cargo lo ocupaba Pizarro.
Esta la presentó ante la Sala de Casación Penal Sergio Alzate, director de la veeduría Colombia Transparente, que les atribuye presuntos delitos de tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir, cohecho, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Alzate pidió que a Petro se le investigue desde 2019, cuando era senador; pues de esa fecha data la supuesta relación transaccional que habría sostenido con Jiménez
Pizarro rechazó los señalamientos; en su X los calificó como “sin fundamento” y aseguró que hacen parte de “una estrategia planeada para acabar moralmente con su nombre”. Sobre el fondo del caso, dijo: “jamás cohonestaré con una situación como la que se insinúa”. Y anunció que acudirá a los estrados judiciales ante cada afirmación sin sustento sobre su nombre.
A la Comisión de Acusación de la Cámara llegó otra denuncia, esta vez del Instituto Anticorrupción, que dirige Camilo Enciso, con copia a la Sala de Instrucción de la Corte. El documento le pide a la Comisión definir si tiene competencia sobre los hechos ligados a la Presidencia y plantea siete hipótesis por verificar, entre ellas peculado, tráfico de influencias, cohecho concusión, aunque aclara que no da por probada la versión de Jiménez. Entre las pruebas que solicita están la declaración de la denunciante con garantías de protección, los expedientes completos de los contratos y las versiones de Pizarro y del exministro del Interior Armando Benedetti.
Tras un día del escándalo, hay hechos que constan en registros públicos y otros que se sostienen, por ahora, solo en el testimonio de Jiménez.
Sí aparecen 10 contratos a nombre de Jiménez entre 2021 y 2026. Siete son con el Senado; dos con el Ministerio del Interior, y uno con la Superintendencia de Vigilancia.
Pero a esa lista se sumaría un contrato con el Dapre. “Es relevante porque es la entidad que depende directamente del presidente de la República”, dijo. Sin embargo, aún no aparece en el historial del Portal Anticorrupción.
La existencia de los contratos no prueba cómo los obtuvo. Para Enciso, la justicia tendrá que revisar los expedientes completos y responder: si la entidad de verdad necesitaba ese servicio, si Jiménez cumplía los requisitos, si entregó el trabajo por el que le pagaron y si la contratación fue objetiva. Enciso precisó que también deben conocerse los nombres de “los ordenadores del gasto, los supervisores y los asesores que participaron en cada contrato”.
Tampoco está probado el papel de terceros. Jiménez dijo que Pizarro sabía que llegaba recomendada por Petro, y que Benedetti habría conocido de su recomendación, aunque aclaró que nunca habló con él.
Y asegura que no fue la única y habla de una supuesta red de entre 30 y 50 mujeres. Su relato coincide con lo que dijo el director del Dapre, Carlos Andrés Rios, ante la Comisión Segunda del Senado: que 48 mujeres vinculadas por órdenes de prestación de servicios habrían sido instrumentalizadas para estar con el entonces mandatario. Hasta ahora no se conocen nuevos testimonios de un esquema organizado. Por eso, una de las diligencias que pide el Instituto Anticorrupción es identificar a otras personas que hayan vivido situaciones similares y habilitar mecanismos para recibir sus testimonios de forma reservada.
Jiménez también afirma que Petro le pedía conseguirle cocaína. La justicia será quien deberá validar ese material. El Instituto Anticorrupción pidió verificar ese punto por separado, con fechas, rutas y soportes, y advirtió que el consumo personal no puede equipararse con tráfico de estupefacientes. Petro no se refirió puntualmente a estos señalamientos.
Las conversaciones por Messenger muestran a Jiménez enviando su hoja de vida y preguntando por procesos de vinculación a entidades. Fueron intercambiadas con perfiles de Facebook que, según ella, eran cuentas falsas que usaba Petro. La atribución de esos perfiles al expresidente se sostiene, por ahora, solo en su testimonio. Certificar si el material es auténtico, de cuándo es, de quién es y en qué contexto se produjo, también le corresponde a la justicia.
Petro negó haber cometido delitos, pero guardó silencio sobre otros señalamientos; defendió que supuestamente “ayudar a mujeres vulnerables es distinto a entregar contratos a cambio de sexo. Este escándalo promete otras piezas que aún no se conocen.