Lo que más llama la atención (y preocupa) en el crimen de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, es que, hasta ahora, las autoridades no han establecido un posible móvil. A diferencia de lo que suele ocurrir en las primeras horas de una investigación por un hecho violento, cuando empiezan a perfilarse algunas hipótesis, en este caso todavía no hay indicios claros sobre quiénes estarían detrás del asesinato ni por qué lo cometieron. De hecho, antes del crimen, Castellanos no había denunciado amenazas y tampoco intimidaciones; cuando fue asesinado, estaba sin esquema de protección.
“Es muy poco lo que se tiene. Sería importante en el transcurso del día poder avanzar... no hay una hipótesis real en este momento”, dijo el secretario de Seguridad de Norte de Santander, coronel George Quintero.
Castellanos fue asesinado de un disparo en la cabeza en la tarde del lunes 26 de octubre. Desde entonces, las autoridades han insistido en que no cuentan con pistas concluyentes sobre los motivos del crimen. Aunque se activó un plan candado para intentar ubicar a los responsables, hasta el momento no se han reportado capturas.
Ante la falta de respuestas, se abrieron varios posibles frentes: su paso por la Secretaría de Gobierno de Cúcuta, su trayectoria en la Policía Fiscal y Aduanera, una eventual aspiración a la Alcaldía y las menciones de su nombre en el escándalo de la red de contrabando de alias ‘Papá Pitufo’.
Sus amigos y personas cercanas lo recuerdan como un hombre tranquilo. De hecho, las fuentes consultadas coinciden en describirlo como un político discreto y prudente. Durante su paso por la Secretaría de Gobierno, no se caracterizó por dar declaraciones incendiarias o confrontacionales ni por tener una presencia frecuente en los medios de comunicación.
“Miguel, Dios lo recibió con los brazos abiertos, no tengo duda de ello. A quienes me escribieron por WhatsApp: ‘Manolesco, ¿quién le quería hacer daño a un tipo tan buena gente?’, les digo que hoy no lo sé. Pero lo voy a averiguar. Un abrazo hasta el cielo, mi hermano, lo quiero mucho”, publicó el periodista cucuteño Jhon Jairo Jácome.
En Cúcuta hay identificadas 23 bandas criminales, además de estructuras mafiosas que mueven economías ilícitas sin tener una presencia visible. Sin embargo, una de las fuentes consultadas advierte que Castellanos no era conocido por denunciar públicamente a esas organizaciones ni por señalar de frente a los grupos armados responsables de la violencia en Norte de Santander. De ahí que aún no se hable de que el crimen pudiera estar relacionado con esos grupos.
En ese momento, siendo funcionario de la alcaldía, recibió amenazas de bandas como los Ak-47, el Tren de Aragua y la Familia P.
“En Cúcuta hay temor, sí, ocurren crímenes; pero hace años no mataban a un político. Él no era precisamente una figura escandalosa, más bien discreta. Cuando fue funcionario, se movía mucho en el terreno de la convivencia; por eso lo amenazaron porque desacomodaba el tema del microtráfico, pero desde que salió se mantuvo alejado hasta hace poco, cuando lo volvimos a ver en redes sociales en reuniones con la comunidad.
¿Qué hacía Castellanos como secretario de Gobierno?
Trabajaba principalmente en el área de la administración municipal relacionada con la convivencia ciudadana, el orden público y la coordinación institucional frente a situaciones de seguridad. Parte de sus acciones estuvieron concentradas en restablecer la seguridad en zonas conflictivas.
Pero su actividad más visible habría aumentado en los últimos meses, cuando comenzó a publicar videos, visitar barrios y acercarse a líderes comunitarios en medio de su actividad política. Aunque aún no había anunciado públicamente que aspiraría a la alcaldía, en la ciudad ya conocían sus intenciones electorales.
“A pesar de que no había declarado expresamente y formalmente su aspiración a la alcaldía, se le veía muy activo en los barrios y en redes sociales y claro que tenía opciones, pero aún es prematuro relacionarlo. Lo que sí es cierto es que el ambiente en Cúcuta está muy enrarecido. Cualquier voz que incomode a la hegemonía criminal, que hoy gobierna la ciudad y el departamento bajo las sombras, es silenciada de la peor manera, cómo también sucedió con el veedor Jaime Vázquez y el periodista Cristian Herrera”, explicó Yefri Yoel Torrado Verjel, abogado penalista y profesor universitario de Cúcuta.
Los crímenes de Jaime y Cristian siguen generando un amplio rechazo. Sin embargo, otro experto y conocedor del orden público en la ciudad considera que el asesinato de Miguel tiene otra connotación. En los casos de Jaime y Cristian, desde el principio se habló de una relación entre sus muertes y las denuncias públicas que habían hecho. El caso de Miguel es distinto; se trata de un político que no se movía en ese ambiente.
“Pienso, por ejemplo, en los homicidios de Cristian y de Jaime Vázquez, y en el de una persona que había sido defensora de derechos humanos, a quien asesinaron hace dos años, año y medio, más o menos. Creo que este es un crimen muy diferente, en el sentido de que el perfil político de la familia Castellanos y del entorno de Miguel es muy distinto, porque se trata de una persona con alcance nacional”, dijo el experto cuya identidad prefiere ocultar.
Eso sí, advierte que nada está descartado; por eso, dice: “La investigación deberá establecer si, desde ese cargo, tuvo conocimiento de hechos sensibles, intervino en decisiones que afectaran intereses particulares o recibió amenazas que pudieran estar relacionadas con su trabajo. También será necesario determinar si el crimen tuvo alguna conexión con su actividad como expolicía”.
El analista considera prematuro señalar a un grupo armado como responsable. Aunque menciona la presencia del ELN en distintas zonas de la región y antecedentes de ataques contra integrantes del entorno familiar de Castellanos.
En febrero de este año, el hermano de Miguel, el senador Jairo Castellanos, fue víctima de un atentado en Norte de Santander. En ese hecho murieron dos escoltas del senador y se reportó la desaparición de una camioneta asignada al esquema de seguridad.
El antecedente de Papá Pitufo
En febrero de 2025, Miguel Castellanos fue mencionado en la red de contrabando que lideraba Diego Marín Buitrafo, alias Papá Pitufo. Se dijo que habría recibido sobornos de la red ilegal cuando trabajaba en la Policía Fiscal y Aduanera, particularmente durante su paso por Cartagena.
“Él decía que venía pagándoles a Jaramillo y al mayor Castellanos entre 140 y 180 millones de pesos quincenales, ya que él saca cacharro, saca mucho (inaudible), y bueno, no recuerdo qué otras cosas en este momento. En cuanto al cigarrillo, hay una cosa que lo tiene inconforme porque él le pagaba a Jaramillo y al mayor Miguel Castellanos, (y es) que él les pagaba 18 millones de pesos por contenedor y que desde que llegó el capitán, el capitán se le para en la raya de que son 28 millones.
El funcionario nunca se refirió a estos hechos y las autoridades tampoco avanzaron en las menciones de su nombre en el escándalo. Lo cierto es que este asesinato ocurre en una región curtida por la violencia y donde, a la mala, se acostumbraron a vivir bajo el control de los criminales.
Y ese es justamente el sentir de buena parte de la ciudadanía. Aunque ayer se activó un plan candado en las calles, el panorama era otro; no se veía una presencia de policías ni cordones de seguridad. En cambio, lo que había era una sensación de pasividad con la que los cucuteños ya no quieren seguir viviendo.
“Ya no se sabe quién sigue, vivimos en una zozobra diaria bajo la ley del silencio, con muchos amenazados, como es mi caso, que casi no pude salir en campaña al Senado por tantas amenazas por advertir desde el Congreso esta situación de nuestra ciudad”, lamentó el senador, Alejandro Carlos Chacón Camargo.